Desde hace meses, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y las instancias y procesos que orbitan a su alrededor, se han introducido en una zona de severas turbulencias. Su impacto vulnera la gobernanza de una función pública determinante, no solo por sus implicaciones para la seguridad aeroportuaria, sino también porque se relaciona de manera directa con dos sectores vitales para nuestra economía: el turismo y la logística exportadora, sobre todo de microprocesadores, suministros médicos y productos perecederos. Para estos, el transporte aéreo es fundamental. No puede afirmarse que la ruta seguida para llegar a esa zona sea deliberada. Suponemos que nadie se ha dedicado a elaborar un plan de vuelo intencional dedicado a su debilitamiento institucional. Esperamos que, al menos, la fuerte advertencia de la OACI conduzca a rápidas acciones correctivas para el mejoramiento de la seguridad aeroportuaria y a que el rigor, la seriedad y la transparencia se impongan sobre la opacidad y la manipulación política y administrativa.