Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) evidencia un ambiente interno altamente riesgoso dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ya que, según advierte el documento, 9 de cada 10 funcionarios aseguran haber presenciado o conocido "actos inaceptables"; sin embargo, estos no denuncian por posibles represalias. Esta situación, según el propio documento, refleja una cultura organizacional debilitada y con pocas garantías para quienes intentan denunciar irregularidades ya que "los funcionarios incumplían con el deber de denuncia, principalmente por posibles represalias y miedo o temor a que se revele la identidad del denunciante", esto ante "conductas irregulares, ímprobas, corruptas y fraudulentas". La Contraloría concluye que esta desconfianza se debe a la falta de mecanismos confiables, sumado a la percepción de que exponer malas prácticas podría desencadenar represalias directas en el entorno laboral. Esto mantiene un ambiente donde las irregularidades pueden permanecer sin ser investigadas ni reportadas adecuadamente.Según el análisis, la ausencia de canales anónimos y la discrecionalidad en la confidencialidad profundizan la desprotección y hacen más difícil romper el círculo de silencio institucional.