La resolución de la Sala Constitucional, de la que infrma el miércoles pasado, dobre el estacionamiento de los autobuses de la empresa TUASA (Alajuela-San José), vale por un ensayo y una prolija encuesta sobre el funcionamiento del Estado. Alguien podría arguir que se trata de un asunto de poca monta, impropio de la Sala IV, pero lo es en grado sumo, por tratarse de los derechos de una persona, desamparada por el Estado, en este caso concreto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.