La Defensoría de los Habitantes llamó la atención al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Ministerio de Hacienda y los instó a revisar la fórmula de cálculo para la asignación de los recursos consignados al arreglo de carreteras comunales, pues se detectaron inconsistencias entre las distancias de la red y los recursos económicos asignados a las municipalidades, según indica la ley 8114. Las inconsistencias son resultado de una investigación elaborada por la Defensoría donde se determinan fallas en los cálculos, por ejemplo la cantidad de kilómetros de red vial de un cantón no se ajusta a la cantidad de dinero que necesita para su reparación o bien se sobrepasa.