Siete meses han transcurrido desde que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le ofreciera a Costa Rica un crédito por 50 millones. En este tiempo, la Asamblea Legislativa no ha sido capaz de aprobar el empréstito que destinará los recursos al mantenimiento de obras viales. Costa Rica no puede darse el lujo de administrar sin atino recursos útiles y necesarios para desarrollar su capacidad productiva y genera más y mejores empleos. Necesitamos reglas y políticas más simples y originales para poder salir adelante con las obras públicas que garanticen condiciones de competitividad acordes con la apertura y dinámica de las economías actuales.