Es notorio el rezago de nuestro país en infraestructura, así como la competitividad de las economía y la calidad de vida de todas las personas obligadas a transitar por carreteras en malas condiciones. El rezago es consecuencia del abandono, de parte del Estado, de políticas sostenidas de inversión, por razones diversas, pero, fundamentalmente, asociadas con el financiamiento. Frente a esta realidad, y después de años de ventilarse el tema, el país adoptó, mediante la Ley No.7762 de abril de 1998, el sistema de concesión de obra pública para ejecutar proyectos urgentes. Sin embargo, pese a los problemas experimentados, lejos de condenar el esquema de concesión de obra pública, debemos ser capaces de reconocer sus ventajas y revisar lo que haya que revisar para ponerlo a operar con eficiencia y prontidud.