Varios años pasaron desde el día aquel, perdido en el recuerdo, cuando la Administración Arias anunció su propósito de promulgar una nueva ley de tránsito. El proyecto llegó a la Asamblea Legislativa plagado de errores y sinsentidos. Meses después, concluida la discusión de las mociones presentadas para remediar las fallas, el Congreso aprobó la reforma, pero el largo periplo de la nueva normativa apenas comenzaba. Elementales fallas de técnica legislativa, incluida una explicable despreocupación por la armonía de las enmiendas con el resto del texto legal, produjeron una ley plagada de errores.