Presidenta califica de ilegítimas leyes que impiden vivir en zonas costeras al firmar moratoria para habitantes de esos lugares

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  • AP001363-2012
En: La Prensa Libre 19(9), (27 setiembre 2012), 4Resumen: La Presidenta de la República firmó este miércoles la Ley de Protección de Ciudadanos ocupantes de Territorios Especiales, que da dos años a los habitantes de zonas como las marítimo terrestres para permanecer ahí mientras se cambian las leyes que actualmente obligan a desalojar a las familias de esos lugares y que la Mandataria calificó de ilegítimas. "Las normas, las leyes, los reglamentos para ser legítimos no solamente necesitan tener un fundamento apegado al Estado de Derecho, sino que por sobre todo necesitan tener una legitimidad social, aquellas que se imponen de manera absurda e irracional porque se firman de espaldas a las necesidades del pueblo, son absurdas de implementar y la gente las rechaza con razón y aquí estamos hablando de ese caso", afirmó Laura Chinchilla. Con esta moratoria, el Gobierno pretende en un año hacer las modificaciones necesarias para que las alrededor de 400 mil personas que viven en esas zonas puedan permanecer ahí sin ningún temor a ser desalojados, porque lo necesitan.
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La Presidenta de la República firmó este miércoles la Ley de Protección de Ciudadanos ocupantes de Territorios Especiales, que da dos años a los habitantes de zonas como las marítimo terrestres para permanecer ahí mientras se cambian las leyes que actualmente obligan a desalojar a las familias de esos lugares y que la Mandataria calificó de ilegítimas. "Las normas, las leyes, los reglamentos para ser legítimos no solamente necesitan tener un fundamento apegado al Estado de Derecho, sino que por sobre todo necesitan tener una legitimidad social, aquellas que se imponen de manera absurda e irracional porque se firman de espaldas a las necesidades del pueblo, son absurdas de implementar y la gente las rechaza con razón y aquí estamos hablando de ese caso", afirmó Laura Chinchilla. Con esta moratoria, el Gobierno pretende en un año hacer las modificaciones necesarias para que las alrededor de 400 mil personas que viven en esas zonas puedan permanecer ahí sin ningún temor a ser desalojados, porque lo necesitan.

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