Una factura total de ¢213 millones es lo que dejado el robo de 215 armas que mantenía en una bodega la Policía de Tránsito. El monto es por el valor de las que no se han recuparado que alcanza los ¢46 millones y se debe sumar ¢167 millones de lo que está costando al Estado la búsqueda de las armas robadas. Es decir, los esfuerzos por dar con el paradero de las armas es 3,6 veces más alto que su costo real. Esto podría ser pagado por los ex fucnionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que son investigados. Textualmente, tras mencionar los montos bien detallados, la denuncia cita que "en ese orden de ideas, se podría establecer la responsabilidad civil solidaria de los señores José Andrés Bermúdez, Rigoberto Ugalde, Ricardo Chavarría, Gerardo Aymerich, César Quirós y Francisco Jiménez, responsables en esta investigación.