Así lo manifestó el Defensor Adjunto, Luis Fallas, quien resaltó que todavía no se tienen claros varios aspectos sobre el término del contrato de la concesión San José-San Ramón que anunció la Presidenta de la República Laura Chinchilla, ya que el "mutuo acuerdo" con la empresa brasileña OAS -bajo el cual se habría tomado la decisión- no existe aún."Lo que nos queda claro es que las partes Gobierno y empresa conversaron, pero en este momento no existe ningún acuerdo concreto, no se han dado a conocer los términos, por eso nosotros hemos insistido en que antes de finalizar ese contrato por mutuo acuerdo existe la responsabilidad del Gobierno de someter a un análisis los aspectos de nulidad que han sido invocados... "Porque aunque la Presidenta dijo que todo está ajustado a derecho, le estamos pidiendo los criterios jurídicos que a ella le dieron sus abogados para decir que eso está correcto. Uno debe tener documentos en la mano que hayan sido analizados y, que producto de ese análisis, se determine que el contrato estaba ajustado a derecho, y no bajo el argumento de que porque la Contraloría General de la República (CGR) lo refrendó está totalmente ajustado a derecho. La misma CGR ha dicho que lo que revisó fue si el procedimiento estaba adecuado o no a la ley", explicó Fallas.