Cientos de denuncias contra tráficos por supuestos actos de corrupción, expiran porque los denunciantes no se presentan a declarar cuando se les cita a una audiencia. De 391 denuncias interpuestas el año pasado, el Departamento de Asuntos Internos del MOPT solo pudo aplicar sanciones administrativas en 126 casos. Cinco de esos expedientes concluyeron con despidos por tratarse de cobros ilegales, conocidas como mordidas. Estas ocurren cuando el funcionario le cobra una suma de dinero a un chofer para evitar que le confeccionen un parte. En las restantes 265, los quejosos no le dieron seguimiento a la denuncia o no presentaron pruebas. La situación en este 2014 es similar. Hasta el pasado miércoles, los conductores habían denunciado a 250 oficiales, pero apenas se pudieron concretar 45 procesos y se realizó un despido. Estas acusaciones las recibe el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), creado con la ley de tránsito vigente desde octubre del 2012. Rónald Muñoz, director legal del MOPT, explicó que otra razón por la cual el sistema no funciona de manera eficiente, se debe a que los conductores acuden por enojo, no necesariamente porque ocurriera una falta o delito. "Muchos administrados cuando un oficial de Tránsito les aplica una infracción se enojan y denuncian. Ese tipo de inconformidades se tienen que apelar en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y no contra el tráfico", manifestó.