Un tribunal dedicado a resolver conflictos relacionados con la contratación pública y obligar a un depósito de garantía a quienes apelen una contratación, ayudaría a eliminar gran parte de los obstáculos que interfieren con las obras viales. También será necesario planificar los proyectos de tal manera que solo se adjudiquen cuando se haya ejecutado toda la etapa previa, incluidas las expropiaciones y los permisos ambientales, con el fin de que la empresa constructora no sufra atrasos.