Las quejas contra la empresa Uber por parte de sus socios colaboradores (choferes) se hacen más evidentes cada día, pues aseguran que la compañía no los apoya como en muchas ocasiones dicen, como le sucede a una mujer que ha tenido que pagar ¢300 mil en partes.Este es el caso de "Jessica", una madre de dos hijos para quien esta forma de trabajo se ha convertido en la manera de dar alimento, techo y estudios a los suyos, sin embargo, su economía se ha visto afectada por las multas que la empresa le prometió impugnar.De acuerdo con "Jessica", los oficiales de la Dirección General de la Policía de Tránsito, confeccionaron estas multas mientras ella trabajaba, al darse la situación solicitó la ayuda a la empresa extranjera, la cual le dijo que "no se preocupara".Meses después, le tocó llevar a cabo la cancelación de su propio bolsillo, pues la empresa jamás le ayudó con el proceso de impugnación como le habían prometido y nadie le ha dado la cara al respecto."Uber no me ha respondido, ellos todo es lo sentimos mucho, qué pena, todos los machotes que ellos escriben y los sabemos de memoria y con eso me han dado vueltas por meses, y eso no es justo", comentó. Comentó que ella ha laborado para Uber desde que la empresa inició sus operaciones en el país, por lo que conoce bien de otros casos en los que se han aplicado injusticias como le sucede a ella.