Los candidatos de oposición culparon al Gobierno de la inacción para regular y permitir la operación legal de la plataforma en Costa Rica, además cuestionaron que dicha falta de medidas incentivó los hechos de violencia.El Gobierno fue enfático en que la empresa opera bajo la ilegalidad en Costa Rica, sin embargo, señaló que no tienen la potestad para bloquear una aplicación tecnológica a nivel nacional.