Costa Rica enfrenta el reto de incrementar los niveles históricos de inversión en infraestructura de transporte (~1% del PIB por año, US 00 millones) con el objetivo de poner en marcha proyectos que han esperado por décadas y que son claves para impulsar la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, la inversión pública por sí sola no es garantía de generación de beneficios económico para el país, sobre ante limitaciones fiscales que nos obligan a optimizar el uso de los escasos recursos. Lo anterior, ha llevado a Costa Rica propiciar esquemas de alianza público privada (APP) para complementar esfuerzos en una relación de largo plazo que tiene como objetivo un ganar-ganar para las partes. Si bien queda mucho por delante, nos encontramos en una coyuntura donde los distintos actores parecen coincidir en los problemas que deben atacarse bajo una visión madura sin sesgos ideológicos y que permita a su vez garantizar continuidad sobre los ciclos electorales. El mundo no espera y demanda que un país como Costa Rica muestre en infraestructura la visión y seriedad que han caracterizado los éxitos alcanzados en otros sectores.