Los conflictos entre el regulador general de servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, y los otros tres miembros de la Junta Directiva de la Aresep, van en aumento.Ahora, los tres directivos lo denunciaron ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), a la cual le piden investigar si Jiménez habría incurrido en alguna falta al deber de probidad.Los denunciantes consideran que el jerarca habría incurrido en esa infracción al no informarles de la tramitación en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley 22.064, que pretende reformar los artículos 31 y 82, así como adicionar un transitorio a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).Este plan permitiría que las tarifas que pagan los usuarios de servicios de luz, agua, combustible, taxi y otros nutran una gran bolsa para costear millonarias demandas presentadas por autobuseros contra Aresep, quienes reclaman ser indemnizados por errores que cometió esa entidad en la fijación de tarifas de buses.