El presidente de la República, Carlos Alvarado, se opone a cualquier iniciativa que rebaje el impuesto único sobre los combustibles y el marchamo o impuesto a la propiedad de vehículos. Su posición es que los costarricenses, pese a la indignación que les provoca la presunta corrupción en el desarrollo de obras viales, deben seguir pagándolos para financiar nuevas y mejores calles. Al ver con lupa el presupuesto anual del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entidad cuya misión es contratar a terceros para que realicen las obras viales, la recaudación por concepto de marchamo e impuesto a las gasolinas es su principal fuente de financiamiento, de ahí la oposición del gobernante a que se reduzca su cobro este año. Según datos de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), al año Costa Rica destina ¢332.804 millones al año a infraestructura vial a través del Conavi. De ese total, un 53% se genera en la recaudación de los impuestos en cuestión.