Autobuseros y taxistas deberán pagar el monto completo del canon de regulación a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como efecto del veto presidencial al plan de ley que reducía el costo del marchamo 2022 a los dueños de carros valorados en menos de ¢15 millones.Ese proyecto, que se tramitó en el expediente 22.519, incluía en un transitorio la rebaja de 30% del canon, disposición que motivó críticas de la Aresep por el golpe que significaba para sus finanzas, pues esa es la fuente de ingresos para operar.Sin embargo, con el veto presidencial de la semana anterior, los transportistas deberán cancelar la suma completa, que según la entidad quedó en ¢738.527,67 por cada autobús y ¢104.222 por cada taxi."La Aresep manifestó en diversas ocasiones, y por diferentes medios su oposición, ya que dicha rebaja generaría fuertes disminuciones en la fuente de financiamiento de la institución, el cual es el canon que se cobra a todos los prestadores de servicios públicos para poder ejercer la función reguladora que por Ley le corresponde brindar", explicó este miércoles Ricardo Matarrita, director general de Estrategia y Evaluación de la Autoridad.