Un vendedor que utiliza su carro propio para visitar clientes debe pagar, desde el 17 de junio, un sobreprecio cada vez que llena el tanque de gasolina con el fin de subsidiar a quienes utilizan vehículos con motor de diésel. Lo mismo le ocurre a la mayoría de los taxistas y choferes de Uber y DiDi, así como a los propietarios de casi 175.000 motocicletas -incluidos los repartidores de comida- y a todo aquel que utiliza un auto de gasolina para trabajar o ir al trabajo. Entre todos, los consumidores de gasolina han pagado en este mes y medio ¢8.142 millones para subsidiar a los de diésel. En este último grupo, si bien están los buses y la mayoría de automotores de carga, también hay 81.000 autos livianos.En el país, hay un millón de autos de gasolina y 300.000 de diésel. Sin embargo, estos últimos producen el 50% de las emisiones de dióxido de carbono del transporte en el país.El subsidio obedece a un decreto publicado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el cual giró una instrucción a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).