El Área Técnica del Consejo de Transporte Público (CTP) avaló en el 2021 una propuesta legislativa para aumentar de 15 a 20 años la antigüedad de los autobuses, siempre y cuando la medida se mantuviera solo durante la emergencia nacional por covid-19 para aliviar el impacto económico sufrido por los autobuseros. No obstante, los diputados están cerca de aprobar un proyecto de ley que elevaría la antigüedad de las unidades de forma permanente.

En aquella época, mediante un oficio emitido el 22 de junio del 2021, el Área Técnica del CTP expresó su visto bueno y señaló que la iniciativa se reforzaría con el envío de las unidades de transporte público a revisión técnica.

"Siendo este último el órgano competente para certificar que, cada seis meses, las mismas cuentan con las condiciones de operación en confort y seguridad para seguir brindando el servicio, siempre y cuando, claro está, sea transitoria dicha ampliación de vida útil, mientras exista la emergencia nacional por covid-19?, reza el informe.

Dicho criterio fue solicitado por el Área Jurídica del CTP, el cual tenía reservas con respecto a la seguridad de las unidades en caso de que se aplicara la medida.

"En nuestro criterio, sí es importante que la instancia técnica facultada, emita sus observaciones y consideraciones respecto al componente de seguridad vial y el impacto que podría ocasionar el aumento al tope máximo de antigüedad de las unidades de ruta regular", instó la entonces directora de Asuntos Jurídicos, Sidia Cerdas, quien hoy ostenta la dirección ejecutiva de la entidad.

A pesar del pronunciamiento técnico, una reciente moción aprobada por la Junta Directiva del CTP instó a los actuales legisladores a aprobar "a la mayor brevedad posible" el proyecto de ley número 22.530 que propone ampliar la vida útil de las unidades de servicio público hasta los 20 años, de forma permanente.

La moción fue presentada por Gilberth Ureña, representante de los taxistas en la Directiva, y avalada el pasado 22 de agosto. Doce días antes, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, había derogado el decreto de emergencia emitido por el anterior gobierno por la crisis sanitaria.

El pasado 13 de setiembre, el proyecto obtuvo un respaldo mayoritario en la comisión legislativa de Asuntos Económicos, donde alcanzó un dictamen afirmativo de subcomisión. Solo se opusieron los congresistas Sofía Guillén, del Frente Amplio, y Waldo Agüero, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).