Un solo funcionario tiene a su cargo toda la supervisión de las operaciones del megapuerto de Moín, en Limón, lo cual incide en el servicio que presta el concesionario holandés APM Terminals a importadores, exportadores y transportistas en el principal puerto de Costa Rica.De ese único funcionario depende la atención y canalización de reclamos (muchos con rezago) por el rendimiento de la terminal portuaria y también la planificación a corto, mediano y largo plazo de todas las operaciones de una terminal que costó .000 millones y por donde se movilizan más de 1.100 barcos por año y 1,2 millones de contenedores.

La débil gestión de supervisión de la concesión fue señalada por la Contraloría General de la República hace dos años y sigue sin solventarse, a pesar de que están disponibles casi millones para esa tarea debido a que el contrato de concesión estableció un canon de un 1% de los ingresos de la Terminal de Contenedores para que el control fuera estricto.

En el informe publicado en octubre del 2020, la Contraloría indicó que se evidenciaron debilidades en la planificación de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Concesiones.

"Las situaciones antes descritas, obedecen en parte en que a la fecha no se han consolidado medidas efectivas para reforzar con personal necesario y suficiente la Unidad Ejecutora del Proyecto", indica el documento.

¿Contratar a una empresa privada que ejerza esa supervisión?

Recursos hay, pero, no hay permiso legal para dar esa responsabilidad a un privado.

Eduardo Chamberlain Gallegos, designado en mayo como secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y a quien se le vence el nombramiento este viernes 30 de setiembre, reconoció que a la fecha esa situación sigue siendo la misma.