Erick Ulate Quesada, uno de los cuatro candidatos recomendados para dirigir la Defensoría de los Habitantes por los próximos cuatro años, votó a favor de aumentar la antigüedad de los buses de 15 a 20 años en el Consejo de Transporte Público (CTP).

El abogado de 47 años de edad es presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica y, a la vez, es el representante de los usuarios en la Junta Directiva del CTP, órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) encargado de regular el transporte público.

El 27 de agosto, los directivos del CTP aprobaron por unanimidad enviar un pronunciamiento a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, para instarlos a dictaminar positivamente el proyecto 22.530, del exdiputado Erwen Masís, el cual extendería la antigüedad de los buses bajo el argumento de que el sector autobusero fue afectado por la pandemia.

Ulate fue uno de los directivos que votó.

Luego, en la sesión del 17 de octubre, el candidato a defensor intervino para decir "que el proyecto de ampliación de la vida útil lo que busca es permitir a las empresas tener un respiro ante los dos años de pandemia y el periodo pospandemia que ha golpeado duramente el sector".

También, argumentó que "hay un centenar de unidades que ya no pueden circular por el vencimiento de la vida útil, y que al final del otro año serán más de 300 unidades".

Ulate dijo a La Nación que también apoyó una moción para solicitarle al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) la emisión de un criterio técnico para determinar cuál debe ser la vida útil de los autobuses en Costa Rica.

"El día de la entrevista en la comisión, yo les expliqué a los diputados que el problema real es que, en ningún momento, ni siquiera cuando se discutió la reforma 7.600 (de protección a personas con discapacidad), se dio una discusión técnica sobre cuál debe ser el plazo de vigencia de la utilidad de los autobuses", respondió Ulate.