El plan propone que, cuando se alcancen esos precios, las finanzas públicas corran con el costo de las diferencias. Mediante un pronunciamiento emitido el pasado 17 de marzo, la procuradora Silvia Patiño cuestionó que se pretenda establecer de manera atípica una fijación de precios vía ley, "cuando lo cierto es que dicha competencia es ejercida a la luz del ordenamiento jurídico vigente por el Poder Ejecutivo". "La Administración Pública puede regular los precios de bienes y servicios solo en situaciones de excepción, en forma temporal", reza el artículo. La autora de la opinión jurídica PGR-OJ-029-2023 citó como respaldo un criterio emitido, en junio del 2002, en el que la Procuraduría señaló que la emisión del decreto para regular precios en condiciones excepcionales es competencia del mandatario y de la cartera de Economía.

"Una vez que desaparezcan las causas que dieron origen a la situación de excepción, la regulación deberá desaparecer a fin de dar lugar al libre juego de la oferta y la demanda en condiciones de competitividad, mecanismo natural de estabilización de los precios", precisa el pronunciamiento.

En su reciente pronunciamiento, la PGR señaló que la fijación de precios debe realizarse a través de un acto motivado de carácter excepcional, que valore las circunstancias del mercado desde el punto de vista técnico, para que no se establezca una distorsión vía ley.