La Asociación de Consumidores Libres (ACL) señaló que el proyecto de ley expediente N.º 23.736, presentado por el Gobierno con la finalidad de regular plataformas como Uber y Didi, requiere de cambios urgentes antes de ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Este proyecto elimina el servicio de taxi como un servicio público y lo convierte en un servicio económico de interés general. Además, anula la regulación de tarifas, el pago de cánones y las restricciones por área geográfica establecidas en los títulos de concesión. A su vez, incorpora algunas de las herramientas propias de las plataformas de servicio en cuanto a la evaluación de los conductores y la geolocalización. Según señalan, es urgente que se eliminen los artículos 7 y 9 que fueron objetados por la Autoridad de Competencia. "Creemos que estos dos artículos deben ser eliminados antes de que se vote el proyecto de ley y por ello estamos enviando notas a los diputados para atender este urgente tema desde esta misma semana", indicó Juan Ricardo Fernández, presidente de Consumidores de Costa Rica. Además, señalaron que comparten criterio con la Comisión de Promoción de la Competencia (oficio OP-005-2023), que iniciara la discusión del proyecto. "Al establecer precios mínimos se elimina el incentivo por mejorar el servicio y al fijar precios máximos se limita la oferta y se genera escasez artificial. Costa Rica ya legisló en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que la regulación de precios solo puede ocurrir en momentos excepcionales y bajo estudios técnicos. En esa dirección el artículo 7 de este proyecto se trae abajo más de 30 años de buenas prácticas regulatorias. Con respecto al límite de conductores prevista en el artículo 9, su inclusión sería regresar al pecado original de las concesiones de taxi que el mismo proyecto plantea eliminar. Al generar una escasez artificial de conductores, habrá tiempos de espera más largos para los usuarios y se desmejorará la calidad del servicio", agregó el comunicado.