El Gobierno anunció el 26 de abril el proyecto "Marchamo Digital", para sustituir el "sticker" de los automóviles por un chip que recopilará información del vehículo, con un costo estimado de ¢4.860 millones. Esto ha generado preocupaciones sobre la privacidad, pues la diputada Johana Obando del PLP y expertos en tecnología temen que el chip podría utilizarse para recopilar datos sensibles sin autorización. Obando advierte que el chip podría rastrear los movimientos de las personas, y el abogado José Adalid Medrano señala que la mera instalación del chip ya permite el rastreo. Mauricio París también alerta sobre el uso abusivo de los datos personales y critica la falta de regulación y transparencia en el proyecto.