La diferencia entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por el presupuesto para el mantenimiento vial continuará en el 2024, así como se ha mantenido durante todo este año, con las implicaciones que esto trae y que se trasladan directamente al costarricense que tiene que sufrir con el mal estado de las carreteras.Así se desprende de lo que indica el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2024, en el que Hacienda no incrementa esta partida al Conavi. Este año, mientras que las autoridades de Conavi se "quejan" de no tener dinero para el cumplimiento de los contratos de conservación vial que se adjudicaron entre octubre del 2022 y mayo del 2023, Hacienda ha dicho que no se les trasladará más y que debe ser el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el que colabore. Según el proyecto de ley, al Conavi se le asignó un presupuesto de casi ¢159.000 millones. De esa cifra, ¢51.108 millones irían destinados al mantenimiento de vías de comunicación. Para el presupuesto de 2023, se signaron ¢51.119 millones para este mismo rubro. Como ejemplo, para el presupuesto de 2021, se destinaron ¢79.792 millones para el mantenimiento de vías de comunicación. El mantenimiento vial suma varios años sumido en un letargo. Desde febrero de 2021 y hasta inicios de 2023, el país no contó con contratos de mantenimiento vial activos debido a inconvenientes administrativos en el cumplimiento de requisitos planteados por la Contraloría General de la República (CGR), los cuales se agravaron con el caso "Cochinilla". Esta situación se tradujo en un deterioro severo de las condiciones de las rutas, con la formación de baches y huecos en múltiples puntos.

Por ejemplo, Efraím Zeledón, viceministro de Infraestructura, y Jason Pérez Anchía, gerente de Conservación de Vías y Puentes de Conavi, advirtieron desde abril que el presupuesto existente para 2023 no alcanzaría para cubrir todos los contratos adjudicados este año y existía el riesgo de caer en incumplimientos.

Pese a estas advertencias, Conavi adjudicó los contratos y ahora el Estado está en riesgo de que las empresas adjudicadas planteen reclamos.