La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) intentó embargar 31 autobuses pertenecientes a las empresas de Orlando Esteban Ramírez Biolley, miembro del Consejo de Transporte Público (CTP) designado por el actual Gobierno, debido a una deuda de ₡970 millones por concepto del canon de regulación.Sin embargo, la institución reguladora confirmó a La Nación que los siete juicios de cobro judicial, presentados desde el 2021, quedaron suspendidos con la sentencia Nº2024-000075 dictada por un Juzgado Concursal, el pasado 7 de marzo.La Autoridad, por medio de su departamento de Comunicación Institucional, precisó que con la apertura del proceso concursal no podrá ejercer ninguna medida judicial o acto administrativo que obstaculice la actividad económica del Consorcio Operativo del Este, empresa autobusera de Ramírez Biolley.Esta orden también incluye la suspensión de los embargos sobre los bienes muebles del grupo empresarial solicitados por la Aresep, así como la posibilidad de negar ajustes tarifarios debido a la morosidad de dicho consorcio.El proceso concursal permite a una empresa dejar de pagar sus deudas y que sus bienes no sean embargados, con el fin de poder hacerle frente a su crisis financiera. Sin embargo, quien promueve un concurso debe, una vez aceptado por un juez, presentar un plan de pagos a sus acreedores, que debe ser aceptado por ellos. De esta manera la empresa sigue en marcha y bajo tutela judicial.En la resolución consursal notificada a la Aresep, la jueza Jennifer Arroyo dejó claro el amparo judicial que en la actualidad protege a las empresas de Ramírez Biolley.

"Aresep está impedida de ejercer acciones coercitivas o sancionatorias, de cualquier tipo, sea negando aumentos tarifarios, procedimientos administrativos, u otros contra las sociedades promoventes derivado de los adeudos previos a esta sentencia, por estar protegidas por la normativa concursal", se explica en la resolución judicial.Cualquier acción que la Autoridad Reguladora intente contra las sociedades del grupo empresarial deberá realizarse por medio del Juzgado Concursal.Desde principios de marzo, el proceso concursal resguarda las empresas Autotransportes Cesmag, Autotransportes Zapote, Transportes Públicos La Unión, Transportes El Carmen de Tres Ríos y Transportes Magasoso Lomas Sur, en las cuales Ramírez Biolley es apoderado generalísimo. La firma Autotransportes Raro, que forma parte del grupo empresarial, también quedó bajo resguardo judicial.Todas estas sociedades forman parte del Consorcio Operativo del Este y están a cargo de siete rutas de transporte de personas.Ahora, el primer paso para materializar las pretensiones de cobro a dichas compañías de autobuses es legalizar las obligaciones pendientes de pago, para lo cual se deben presentar pruebas que acrediten las deudas, según lo establecido en la Ley Concursal de Costa Rica.