El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha vuelto a quedar mal parado tanto en su gestión administrativa como en la financiera, señala un informe de la Contraloría General de la República. La auditoría, que comprende el periodo 2019-2023, revela que la entidad dejó sin servicio de agua potable a 2,8 millones de personas por una mala administración."El AyA ha sido eficaz e ineficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas", se lee en el informe. "Afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades", añade.Según la Contraloría, los proyectos congelados supera los ₡800.000 millones y se concentran en comunidades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. "Resulta relevante la revisión del tema, considerando que los planes de inversión vigentes ascienden a más de ₡801 mil millones y que, dentro de las competencias del AyA, se encuentra garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales", indica el documento.