La Sala Constitucional ordenó al AyA y al Minae proteger 122 nacientes de agua en Naranjo, tras comprobar que estas habían sido registradas incorrectamente como ríos o quebradas, lo que impedía aplicar las zonas de protección adecuadas.

La denuncia, presentada por ciudadanos y respaldada por estudios de campo, reveló errores de clasificación y ubicación que podrían afectar la calidad del agua y el medio ambiente. La Sala criticó la inacción institucional y dio un plazo de seis meses para corregir los registros y garantizar la adecuada protección de estas fuentes hídricas, especialmente las destinadas al consumo humano.