El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió parcialmente a favor de la empresa Riteve SyC, al declarar con lugar la ejecución de una sentencia contra el Estado costarricense por no aplicar un reajuste tarifario en el servicio de revisión técnica vehicular en 2016. Este incumplimiento generó un daño económico por el cual el Estado deberá pagar ¢18.196 millones más intereses aún por calcular. La responsabilidad recae sobre el MOPT, que debió publicar la metodología tarifaria correspondiente. En cambio, el tribunal rechazó el reclamo contra la Aresep, condenando a Riteve al pago de ¢20 millones en costas personales. La resolución aún puede ser apelada.