Un abogado presentó una denuncia penal contra tres altos jerarcas del Gobierno por presuntas irregularidades en la licitación pública 2023 para el servicio de revisión técnica vehicular.

Según la denuncia, sustituyeron a los miembros designados de la Junta Directiva del Cosevi y, en una sesión del 2 de julio, anularon el concurso iniciado en 2023 y recomendaron prorrogar el permiso a la empresa que actualmente brinda el servicio, supuestamente para favorecerla. Se señalan posibles delitos como prevaricato y tráfico de influencias.

La Junta quedó desintegrada tras renuncias y ausencias, impidiendo aprobar actas y hacerlas públicas. Aunque en julio se anunció que el concurso sería descartado, la Contraloría advirtió que, casi un mes después, no se ha oficializado, por lo que sigue vigente la resolución de enero de 2025 que precalificó a dos empresas.