El proyecto de traspaso de recursos y competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades no implica la descentralización del Estado, sino su alocado desmantelamiento, a un alto costo y con resultados poco halagueños. Dieciséis ministerios además de la Presidencia, comparten el 20% del presupuesto nacional, pero la mitad de esa cifra les será arrebatada en siete años. No existen suficientes competencias susceptibles de traslado para justificar el traspaso del 10% de los ingresos ordinarios a las municipalidades.